La primera parte de la segunda Audiencia Pública por la Ley de Medios se basó en una serie de preguntas que debieron responder los representantes del Grupo Clarín. La mayoría de ellas apuntaba a aclarar cuestiones respecto de la sustentabilidad del negocio y la libertad de expresión.
La primera parte de la Audiencia Pública de hoy por la Ley de Medios comenzó con 17 preguntas dirigidas al Grupo Clarín. Sus representantes ante la Corte son María Angélica Gelli, Alejandro Carrió y Damián Cassino. Los asistentes, Martín Gonzalo Etchevers, Carlos Winograd, Carlos Moltini, Gabriel Bouzat, María de los Milagros Páez, Felipe Llerena y Miguel Fernández. El equipo técnico, Mariano Legarburn y Tomás Vio.
Las preguntas duraron poco más de una hora. En el primer tramo la Corte insistió con que el Grupo explique por qué considera que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) afecta la libertad de expresión. La pregunta inicial apuntó a saber qué piensa esta parte sobre los derechos de los ciudadanos a recibir información de una pluralidad de fuentes que compitan entre sí. Uno de los abogados del Grupo Clarín, Damián Canssino, respondió que la Ley de Medios produce un efecto contrario al que declara.
La Corte también preguntó por qué el Grupo Clarín sostiene que los límites a las licencias que establece la ley comprometen el derecho de Clarín a expresarse libremente. El Grupo respondió que para entender eso hay que comprender que su modelo de negocios es la economía de escala, y que los límites de propiedad que establece la LSCA torna inviable económicamente la sustentabilidad del Grupo.
Las preguntas eran formuladas por un secretario judicial, y el presidente de la Corte intervenía para repreguntar. En varios oportunidades a lo largo de la audiencia, el presidente de la Corte insistió con que los representantes de Clarín fueran concretos en las respuestas e insistió: "En concreto, ¿usted sostiene que la la aplicación de la ley es una afectación indirecta de la libertad de expresión?”. El representante del Grupo respondió que "es directa". El argumento más recurrente del Grupo fue que la reducción del tamaño de la empresa la tornó inviable económicamente. Clarín también tuvo que responder si de mantenerse la conformación actual del Grupo se garantiza la libertad de expresión y la pluralidad de opiniones y voces, y por qué. Clarín respondió que sí, porque existen miles de medios de comunicación en la Argentina. "entendemos que hay muchísima pluralidad de voces", respondieron.
A lo largo de la audiencia varias de las preguntas de la Corte parecían no dar por sentado el vínculo entre sustentabilidad del negocio y libertad de expresión. ¿Por que sostiene que los límites de mercado y licencias comprometen el derecho de Clarín a expresarse libremente?. El Grupo respondió que la cuota de mercado del 35% a los canales de cable limita la libertad de expresion porque todas las audiencias que quedan afuera de la cuota no pueden acceder a la visión del Grupo Clarín. Winograd explicó que la LSCA limita la escala y alcance del Grupo. "El mercado requiere altísimas inversiones tecnológicas. A medida que aumentan los clientes, la inversión se reduce. Si uno reduce la escala de la empresa no se puede mantener la infraestructura tecnológica existente".
Winograd aludió a las pericias que figuran en las causas: en la pericia se habla de cómo la red actual hace a la empresa sustentable. Si se altera esa sustentabilidad, explicó, se va a perder una voz crítica, la única que existe en el país. Las respuestas del Grupo también enfatizaron que menos audiencias significan menor financiamiento, lo cual según esta parte afecta la independencia y hasta la subsistencia. "Con la aplicación de la ley Clarín, no va a poder operar, no va a poder operar en el mercado de internet, no va poder pagar sus deudas". Winograd insisitió con que de aplicarse la ley, el resultado sería la pérdida de capacidad de pago de las deudas que el grupo contrajo para invertir.
"Si la actividad del grupo registra economía de escala", preguntó la Corte, "¿no es potencialmente un monopolio? y ¿no constituye una barrera de entrada para nuevos participantes?". Clarín intentó responder con la misma línea argumental de ayer: internet hace que sea posible la pluralidad. Lorenzetti le pidió que respondiera acerca de los medios contenidos en la LSCA, no sobre internet. Clarin alegó que con la "tecnología digital es imposible que existan barreras de entrada".
"Si la libertad de expresión requiere un volumen económico ¿qué ocurre con los demás grupos? ¿No tendrían libertad de expresión o deberian ser subsidiados? ¿Cómo se explica que los otros grupos hayan presentado planes de desinversión?", quiso saber la Corte. Winograd respondió que los grupos de menor tamaño tienen rentabilidad y que también integran economías de escala, aunque menores. Lorenzetti repreguntó: "¿es necesario un volumen económico y si no existe eso, hay afectación a la libertad de expresión? ¿El que no tiene ese volumen económico no tienen libertad de expresión?". Winograd no respondió la pregunta: afirmó que los grupos de menor escala no tienen como estrategia la producción para las masas. "Eso es lo que quedaría destruido con esta regulación", insistió.
Gelli introdujo un nuevo argumento en la estrategia del Grupo "sostenemos que la ley puede buscar medios alternativos si se quiere sustentar a otros. El cooperativismo tiene ventajas impositivas, otros se financian con publicidad oficial", señaló.
Mientras se sucedían las preguntas los abogados y técnicos que se encontraban detrás de los cuatro representantes del Grupo que tomaban la palabra, hablaban entre sí constantemente, revisaban papeles y carpetas. En el último tramo de preguntas, Winograd dijo que se incentiva la cartelización con el cuestionado artículo 527. El abogado Damián Fabio Cassino dijo que “no se puede diseccionar la red, es indivisible y si se lo hace se afecta el servicio. No puede dar el servicio de internet en forma aislada porque le suben los costos medios”. El letrado Gabriel Bouzat agregó que se generarían costos altísimos y se tornaría no sustentable la economía de la red.
Respecto al artículo 41, Cassino consultó con sus colegas y después de unos segundos comparó con la antigua regulación: dijo que permitía transferir y ahora “se prohíbe la transferencia del 50%”. “Entendemos que si lo que se pretende es controlar el licenciatario, no hace falta prohibir”. A la pregunta de la Corte sobre la multiplicidad de licencias, Cassino dijo que estaba relacionado cuando había dos licencias en una misma localidad, “Grupo Clarín renunció a la multiplicidad de licencias que estaban en violación”. Dijo que el Grupo Clarín tiene 158 licencias y que no hay más licencias que violen la Ley.
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